Las contradicciones del “modelo” boliviano, con los discursos del “Buen vivir”, la protección de la Pachamama y los derechos de la naturaleza por un lado, y la política de intensificación de exploración y explotación de los recursos energéticos fósiles al otro, salen cada vez más a la vista.

Compartimos a continuación el texto “Moratoria petrolera y cambio climático: las alternativas otra vez bajo ataque” del analista uruguayo Eduardo Gudynas, que son reflexiones del autor acerca de la invitación del gobierno boliviano a una nueva “Cumbre de los Pueblos”, a realizarse del 10 al 12 en Tiquipaya, municipio vecino de Cochabamba.

Imágenes de la cmpcc en Tiquipaya en abril de 2010

Casi todos los depósitos de petróleo y gas natural deben quedarse donde están, bajo tierra, sin extraerse. Este mensaje, de una moratoria global sobre el 80% de los hidrocarburos, es el que presentaron centenares de personalidades internacionales, comenzando por el Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel. A muchos parecerá una medida extrema, pero su fundamentación es aplastante: es necesario reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles para evitar un agravamiento del cambio climático global. No tiene sentido extraer ese petróleo, porque no se lo puede quemar si es que queremos ir más allá de las temperaturas globales compatibles con nuestras vidas.

Si bien este llamado a una moratoria petrolera recibió el apoyo de muchos latinoamericanos, también es cierto que es una medida rechazada de plano por los gobiernos latinoamericanos, sean conservadores o progresistas. Por ejemplo, en Perú, Ollanta Humala busca expandir la explotación de hidrocarburos en zonas amazónicas, y para ello se aprobó el llamado “paquetazo ambiental” y se limitaron los mecanismos de consulta ciudadana. Entretanto, en Ecuador, el gobierno Correa avanza con sus planes de explotación petrolera en la región de Yasuní, en pleno corazón amazónico, desoyendo advertencias ecológicas y reclamos ciudadanos.

Es que ante la caída de los precios de los hidrocarburos, la reacción de casi todos los gobiernos ha sido acentuar todavía más la exploración y extracción con la ilusión que un aumento del número de barriles exportados permitirá recuperar parte de los ingresos por exportaciones. Pero esos son senderos peligrosos, tanto a escala planetaria, por el agravamiento del cambio climático, como a escala nacional, ya que la explotación petrolera causa un daño irreparable a la biodiversidad y a la calidad de vida de las comunidades locales.

Son justamente este tipo de cuestiones que se discuten con creciente intensidad ante la cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en París el próximo diciembre. Los gobiernos deberán aprobar medidas enérgicas si se quiere superar en serio esta amenaza planetaria. Sin embargo, los defensores de los extractivismos rechazan casi todas las soluciones concretas, tales como las moratorias petroleras.

En América del Sur, desde los gobiernos conservadores se responde que eso es propio de exageraciones izquierdistas que impedirían el progreso nacional (como se escucha por ejemplo en Lima), mientras que hay progresismos que denuncian que proteger el propio patrimonio natural es contrarrevolucionario y funcional al imperialismo global (como se dice en La Paz). Los recorridos ideológicos son diferentes, pero coinciden en defender la civilización petrolera y en imponer los extractivismos con todo el poder del Estado. Esto hace que la discusión sudamericana sobre cambio climático y ambiente sea muy entreverada, especialmente a quienes nos observan desde otros continentes.

Una nueva “Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida” del gobierno boliviano

Esa problemática es muy evidente ante la reciente convocatoria del gobierno de Bolivia para una segunda “cumbre de los pueblos” sobre cambio climático, a realizarse en Tiquipaya (Cochabamba). La primera reacción es de simpatía y apoyo a la posibilidad que los movimientos sociales puedan discutir sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra.

Recordemos que la primera cumbre, también convocada por Evo Morales, tuvo lugar en esa misma ciudad en 2010. Los resultados de aquel encuentro fueron agridulces. Si bien participaron muchas organizaciones ciudadanas, y los debates fueron intensos, generaron muchas tensiones los controles gubernamentales sobre una agenda que debería haber estado en manos de los propios movimientos. El caso más conocido fue la prohibición de instalar una mesa para discutir los impactos dentro de Bolivia de las actividades que contribuyen al cambio climático. En efecto, aquella famosa “mesa 18” quería abordar cuestiones como las consecuencias de la expansión petrolera o los cambios en el uso del suelo por la expansión de monocultivos de soya. El gobierno Morales insistió en una actitud dual, por un lado cuestionando el capitalismo, pero a nivel global, y por otro lado, rechazando debatir los efectos locales de sus estrategias de desarrollo.

Ahora, cinco años después, el mismo gobierno llama a un nuevo encuentro de la sociedad civil, y poco antes de la cumbre de la Convención en Cambio Climático en París. ¿Ha cambiado la situación en estos últimos cinco años? Hasta donde puede verse aquella dualidad persiste: se critica duramente a los países industrializados y las raíces del cambio climático en el capitalismo, pero se evita analizar y atender graves problemas dentro de Bolivia.

Pero se han sumado otros componentes que no pasan desapercibidos. El primero es que frente a la caída de los precios internacionales del petróleo, la administración Morales ha lanzado un programa de apoyos al sector petrolero. Este incluye un megapaquete de $ 3.556 millones de dólares en incentivos a la exploración de hidrocarburos. Es un mecanismo impactante no sólo por el enorme volumen de dinero, sino porque esos fondos provendrán no sólo del gobierno central, sino de gobiernos locales y hasta de las universidades. Dicho de otra manera, se espera que amplios sectores de la sociedad subsidien el avance de la frontera petrolera. Entretanto se mantienen grandes subsidios a los combustibles, estimados en US$ 867 millones en 2014 (aunque se anuncian reducciones), los que siguen siendo muy superiores a otros apoyos, por ejemplo a la alimentación (US$ 122 millones en 2014). Estamos frente a las típicas distorsiones de las economías petroleras, repletas de subsidios explícitos u ocultos desde los gobiernos y la sociedad.

“La duda es si esa discusión podrá tener lugar en la Bolivia actual”

Las demandas de la sociedad civil en casi todo el mundo van en sentido contrario, ya que consideran que ese tipo de subsidios petroleros son incompatibles con una reducción del cambio climático. De la misma manera, se reclama que los dineros públicos tengan otros destinos, tales como la reconversión energética hacia fuentes de energías renovables y de bajo impacto.

Un segundo asunto, es que el gobierno de Bolivia aprobó, a inicios de 2015, medidas para favorecer la exploración de hidrocarburos dentro de áreas protegidas. Es una decisión con graves implicaciones, ante el riesgo de severos impactos ambientales dentro de áreas de enorme valor ecológico, y muchas de las cuales albergan pueblos indígenas. Son todas medidas que van en contra de los reclamos de buena parte de la sociedad civil en muchos países.

Una tercera problemática reside en la condiciones para llevar adelante estas discusiones. Así como en otros países, las ONGs por ejemplo denuncian los planes de Barack Obama de explotar petróleo en el Ártico o la minería de carbón en Europa del Este, también alertarán sobre todas estas medidas de promoción petrolera que está tomando Evo Morales.

Instalación para la extracción de hidrocarburos; foto cortesía cedib.

La duda es si esa discusión podrá tener lugar en la Bolivia actual. En este país, las ONGs que recientemente han alertado por los impactos del ingreso de las petroleras a las áreas protegidas o territorios indígenas, han sido severamente criticadas y hostigadas por el gobierno. Las nuevas normativas obligan a las ONGs a adherirse a los planes gubernamentales de desarrollo (como puede ser la expansión minera o petrolera). Profundizando esa actitud, el gobierno declaró “irregulares” a 38 ONGs, y anuncia que otras 290 podrán entrar en esa condición. Muchas organizaciones ciudadanas, si militan para detener el cambio climático, alertando por ejemplo sobre los impactos de petrolizar la Naturaleza, podrían caer en la ilegalidad.

Por lo tanto, nos invitan a una “cumbre de los pueblos”, pero donde hay enormes divergencias sobre temas y además condicionalidades sobre la participación de organizaciones bolivianas amigas. Es como si antes de la cumbre climática de París, el gobierno francés comenzara a declarar como irregulares a ONGs ambientalistas francesas. ¿Qué haríamos si hay organizaciones ciudadanas que pueden ser silenciadas?

Ideas como la moratoria petrolera, expresada en la carta internacional citada al inicio de este artículo, ya han sido duramente atacadas en Bolivia (aunque en el caso de ese manifiesto público, firmado entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, será muy difícil de acusarlo de imperialista o trotskista verde, como acaba de ocurrir en Bolivia). ¿Qué diríamos si en un encuentro de los pueblos se nos impide proponer y debatir sobre moratorias petroleras?

Todas estas interrogantes y tensiones deben ser sopesadas. Debe quedar en claro que la mayor parte de todas las organizaciones y movimientos ciudadanos preocupados por el cambio climático demandan a los gobiernos, estén en el norte o en el sur, sean conservadores o progresistas, un cambio radical en sus afanes de extraer y usar hidrocarburos. Es inaceptable que se acallen esas u otras alternativas, sino que, por el contrario, es de la mayor necesidad y urgencia buscar opciones postpetroleras.

El texto “Moratoria petrolera y cambio climático: las alternativas otra vez bajo ataque” de Eduardo Gudynas ha sido publicado primero por ALAI de Quito el 9 de septiembre de 2015 y es reproducido aquí levemente editado.

Las “Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional” (INDCs) son la piedra fundamental para la construcción de un nuevo acuerdo climático en la COP 21 a finales del año. Para que el secretariado de la Convención Climática pueda preparar un documento de síntesis hasta el 1º de noviembre, deben ser presentados hasta el 30 de septiembre del año en curso, es decir en pocos días.

Bolivia todavía no subió su propuesta de cómo aportaría a la lucha global contra el cambio climático al portal de la Convención, tampoco se había iniciado un proceso de comunicación y consulta con la sociedad, como en otros países. Documentamos a continuación una versión resumida de la “Propuesta de la sociedad civil sobre el INDC de Bolivia” que fue presenta una propuesta para la discusión y cuya versión íntegra se puede descargar aquí.

Mapa de los países que ya presentaron sus INDCs al 24 de septiembre de 2015; fuente: WRI/CAIT

El cambio climático impacta a las regiones de montaña más que muchas otras partes del globo. Las bases de vida de las poblaciones de montaña peligran por temperaturas más altas, eventos extremos, cambios en las precipitaciones y el retroceso de los glaciares.

Para llamar la atención del mundo sobre esta situación, el secretariado de la Alianza para las Montañas (Mountain Partnership) ha lanzado la iniciativa para una Petición Internacional y una Declaración sobre Montañas y Cambio Climático para la COP 21 en París.

Nevado Illimani, Bolivia

El cambio climático es un fenómeno global y nos afecta a todos. Pero el cambio climático es también sobre desigualdades, porque no afecta a todos por igual; ni al Sur de la misma manera que al Norte, ni a los ricos como a los pobres, y tampoco a los hombres como a las mujeres.

Para dar una cara a las desigualdades de género en relación a los impactos del cambio climático, el Centro para la Democracia en Cochabamba ha reproducido las historias de vida de cuatro mujeres de un barrio peri-urbano de la ciudadbajo el título “Cambio Climático es....hablar de Mujeres”.

Foto: www.democracyctr.org

“¿Qué podemos esperar de la COP 21 de París? Los avances en las negociaciones internacionales sobre Cambio Climático” era el título de un conversatorio organizado por la Plataforma Climática Latinoamericana a mediados de agosto en Bolivia.

Publicamos a continuación una entrevista que realizamos al expositor Enrique Maurtua Konstantinidis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y coordinador del Proyecto de Agendas Climáticas Nacionales en su paso por la ciudad de La Paz.

Enrique Maurtua Konstantinidis de FARN durante la entrevista con el Klimablog.

El 23 de julio de este año, el científico del cambio climático más renombrado del mundo, James Hansen, ha lanzado una “bomba” al debate académico-político sobre cambio climático. En una revista científica de acceso abierto, conjuntamente a otros 16 científicos, ha publicado el artículo "Derretimiento de hielo, aumento del nivel del mar y super-tormentas. Evidencias de distintas fuentes: datos paleoclimáticos, modelamiento climático y observaciones modernas que en conjunto constata que 2 °C de calentamiento es altamente peligroso”.

La conclusión: Siguiendo la actual trayectoria de emisiones, un aumento del nivel del mar de varios metros hasta 2100 es casi inevitable. “Disrupción social y consecuencias económicas de un aumento del nivel del mar de esta magnitud podrían ser devastadoras”.

Croquis de Hansen que visualiza los mecanismos descritos que llevarían a una desintegración acelerada de las capas de hielo de la Antártida

Las montañas cubren 22% de la superficie terrestre, proporcionan entre 60-80% del agua dulce y son el hogar del 14% de la población mundial. Al mismo tiempo, son las regiones de montaña que ya sufren los impactos del cambio climático, y que pueden ayudar a enseñar modos de vida sostenibles.

Para garantizar que las montañas sean incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que actualmente están siendo discutidos en las Naciones Unidas, los miembros de la Alianza para las Montañas (Mountain Partnership) han lanzado una “Llamada a la Acción”.

Foto y diseño: Fundación Agreste

El 24 de junio de este año una corte en La Haya adoptó una decisión histórica: Los jueces declararon ilegal los esfuerzos del gobierno de los Países Bajos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por poco ambiciosos.

En su decisión, los jueces accedieron a la demanda de la fundación Urgenda y de un grupo de 886 demandantes y ordenaron al gobierno del país de cortar sus emisiones de gases de efecto invernadero en 25% hasta 2020 (comparado con niveles de 1990). Es la primera vez en el mundo que una corte ha dictado un fallo obligando a un gobierno a aumentar la reducción de emisiones y se espera que sea un precedente para grupos ciudadanos de otros países.

Los jueces en la lectura de su veredicto (izq.) y las celebraciones posteriores (dcha.); fotos: Urgenda / Chantal Bekker

En mayo pasado se promulgó el Decreto Supremo 2366 que estipula la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a las operaciones petroleras, justo meses antes de la Conferencia Climática COP 21 en París. Las áreas protegidas albergan y protegen no solamente poblaciones humanas y una gran biodiversidad, sino también tienen funciones primordiales en la mitigación y adaptación al cambio climático.

A continuación presentamos un resumen del artículo de Jorge Campanini, investigador del CEDIB en Cochabamba, explicando que significará el DS 2366 para las 22 áreas protegidas del país. También se adjunta la versión completa, que incluye las fuentes de información utilizadas y un mapa de la “reconfiguración petrolera” de Bolivia en relación a las áreas protegidas.

En el PN y ANMI Serranía de Aguaragüe; foto de CEDIB, año 2012

Durante las primeras dos semanas de junio tuvieron lugar dos reuniones importantes en relación a la próxima Conferencia Climática de las Naciones Unidas en París a finales de este año.

Por un lado, durante 10 días se reunieron los negociadores de la Convención Climática, en un intento poco fructífero de reducir el texto de negociación antes de la COP 21. Por otro lado, la reunión del grupo de siete de los principales países industrializados del mundo G7 produjo una declaración en la cual se llama a la descarbonización de la economía global, anunciando el nuevo paradigma para el siglo XXI.

La Conferencia Climática en la sede del secretariado de la CMNUCC en Bonn, Alemania; fotos: UNFCCC