El 21 de marzo pasado se celebró el Día Internacional de los Bosques declarado por las Naciones Unidas con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de todos los tipos de bosques – para la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la producción de agua y el bienestar de sus habitantes.

Al mismo tiempo, datos del Monitoreo Global de Bosques (Global Forest Watch) muestran que la velocidad de la deforestación en bosques tropicales se ha duplicado desde 2008; en los últimos 11 años se ha perdido aproximadamente un millón de km² - una superficie igual a la extensión de Bolivia.

Hace tres semanas, el papa Francisco ha publicado la “Carta encíclica LAUDATO SI´ sobre el cuidado de la casa común”, un posicionamiento de la iglesia católica sobre la situación de la tierra frente a la destrucción del medio ambiente, el cambio climático y el actual modelo de desarrollo del mundo.

A dos días de la visita del “Papa más simpático de los últimos tiempos” a Bolivia y a menos de medio año de la Conferencia Climática COP 21 en París, presentamos a continuación las partes más relevantes en relación al cambio climático de esta encíclica.

En mayo pasado se promulgó el Decreto Supremo 2366 que estipula la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a las operaciones petroleras, justo meses antes de la Conferencia Climática COP 21 en París. Las áreas protegidas albergan y protegen no solamente poblaciones humanas y una gran biodiversidad, sino también tienen funciones primordiales en la mitigación y adaptación al cambio climático.

A continuación presentamos un resumen del artículo de Jorge Campanini, investigador del CEDIB en Cochabamba, explicando que significará el DS 2366 para las 22 áreas protegidas del país. También se adjunta la versión completa, que incluye las fuentes de información utilizadas y un mapa de la “reconfiguración petrolera” de Bolivia en relación a las áreas protegidas.

En el PN y ANMI Serranía de Aguaragüe; foto de CEDIB, año 2012

El Decreto Supremo 2366 dicta la apertura de las áreas protegidas a la actividad petrolera en Bolivia

El pasado 20 de mayo se promulgó el Decreto Supremo 2366 que estipula, en líneas generales, la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a operaciones petroleras. El decreto señala en su Art. 2, parágrafo I, que “Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas…” lo cual afectaría a aquellas que tienen superpuestos contratos petroleros y áreas reservadas a YPFB, estas últimas que también pueden disponerse para que otras empresas puedan realizar operaciones a través de contratos de servicios petroleros. Los datos muestran que aproximadamente el 17% de la superficie total de las áreas protegidas nacionales estarían bajo influencia de la nueva frontera petrolera, la cual ahora cuenta con una superficie aproximada de 24 millones de hectáreas, representando a cerca del 22% del país.

Esto como parte de viabilizar una campaña anunciada por el Vicepresidente García Linera, quien el año 2013 marcó el horizonte referente a un paquete de normativas que flexibilizarían los obstáculos a la actividad petrolera en el país. Ya el año 2007 se emitió el decreto supremo 29130, que definía 21 nuevas áreas reservadas a YPFB, en esta fase ya se incluían áreas como Azero y Sanandita, las cuales se constituirían en nuevos contratos petroleros posteriormente y cuya área se sobrepondría a áreas protegidas. Esta ampliación fue escalonada y culminaría con la promulgación del decreto 1203 de abril del 2012 que consolidaría la existencia de 98 nuevas áreas y daría inicio a gestiones, incluida licitación internacional, para que estas áreas sean operadas por petroleras.

Casi de inmediato iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para suscribir contratos sobre áreas de la nueva frontera petrolera, hasta el momento 7 han culminado los procesos necesarios para su aprobación y 5 de esos 7 afectan áreas protegidas nacionales.

¿Cuál futuro para las áreas protegidas de Bolivia? (foto izq.: cedib; dcha: BMI)

Áreas protegidas afectadas: Iñao, Aguaragüe, Tariquía....

Entre esos 5 nuevos contratos superpuestos a áreas protegidas destacan el firmado con la transnacional francesa Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, ubicado principalmente en el departamento de Chuquisaca y una parte en Santa Cruz; este bloque ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre un 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Iñao, que tiene entre sus principales objetivos de creación la protección de ecosistemas como el bosque tucumano–boliviano, bosques de yungas relictuales y sobre todo la transición del bosque chaqueño a bosque chiquitano, además de la protección de una gran cantidad de flora y fauna silvestre.

Otro de los contratos nuevos que se firmaron sobre áreas protegidas es el que adjudicó a la empresa china Eastern Petroleum and Gas, en la zona de Sanandita, correspondiente al PN y ANMI Serranía de Aguaragüe, una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera, a pesar que este PN tiene la función de regular la provisión de agua en la zona del chaco e igualmente conservar una muestra de ecosistemas de transición frágiles y únicos. Una nueva fase de aprobación de más contratos tiene dados pasos firmes, entre ellos se tiene aprobada la autorización de firma de los contratos Astillero y San Telmo donde la protagonista es Petrobras Bolivia S.A. y cuya afectación va directamente sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

El decreto, recientemente aprobado, también menciona en el art. 2, parágrafo III, que de encontrarse un reservorio comercializable dentro el área protegida, el titular del contrato podrá solicitar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) “la evaluación y revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento espacial del área protegida”, dicho de otra manera, el criterio comercial primará ante cualquier elemento que considere la zonificación interna del área (protección irrestricta, uso moderado, recuperación natural, uso intensivo no extractivo y otros), además de la conservación de especies o muestras de ecosistemas que son la base fundamental para la creación de un área protegida.

Áreas protegidas y contratos petroleros

Actualmente de las más de 18 millones de hectáreas de superficie protegida existente a nivel nacional, 3 millones son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de YPFB, esta entidad estatal admitió recientemente que 8 áreas protegidas serian afectadas y que a partir del 2016 se iniciarían estos trabajos. Vale mencionar que la dependencia estatal señaló que en esta campaña se afectaran parques como el Madidi, TIPNIS y Pilón Lajas cuyos contratos petroleros se encontraban en una especie de status quo debido a razones de fuerza mayor y que por acción del nuevo decreto, estarían a poco tiempo de iniciar operaciones exploratorias.

Esta nueva frontera petrolera ha logrado desnaturalizar muchas de las reservas nacionales y donde notamos casos bastante críticos como muestra la tabla, mencionando solo aquellos que reconoce el gobierno serian afectados, además de mostrar los diferentes operadores, donde la mayoría son empresas transnacionales.

Fuente: Datos YPFB y SERNAP

Este decreto es parte de un paquete que se ha venido desarrollando desde hace tiempo para vulnerar los derechos y los esfuerzos por mantener una zona de protección ecológica. Parte de este paquete fue el de reducir a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos indígenas para actividades petroleras (DS 2298 de marzo de 2015) y que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en Tierras Comunitarias de Origen (TCO; DS 2195 de noviembre de 2014).

El DS 2366 menciona en su art. 2, parágrafo IV permite las actividades petroleras en las 22 áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo las que por DS 24781 de 31 julio de 1997 son consideradas de máxima protección: los parques nacionales, donde está prohibida la realización de actividades extractivas y consuntivas y solo se permitía legalmente hasta ahora la investigación, ecoturismo y educación ambiental. A partir de hoy la prohibición pasó a ser historia pues la disposición final única del DS 2366 se encarga de anular cualquier normativa previa existente que tenga el mismo rango.

Contacto: Jorge Campanini, investigador CEDIB, campanini@hotmail.com

Decreto Supremo 2366 y las APs de Bolivia - JCampanini.pdf

Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 21) de París, el año 2015 es un año clave para los temas que conciernen la base vital de la humanidad.

En esta nota, la investigadora y docente Cecilia Requena presenta apuntes sintéticos a propósito de los desafíos para la sociedad civil boliviana planteados por estos dos procesos de toma de decisiones globales.

 Activistas climáticos en la Marcha de los Pueblos en la COP 20 de Lima en diciembre de 2014

Las Conferencias Climáticas ya han dejado de ser punto de referencia importante para el gobierno boliviano y parecen muy lejanos los tiempos de los bombardeos mediáticos de los años 2009 y 2010, cuando Evo Morales estaba perfilándose a nivel mundial como el héroe defensor de la Madre Tierra.

En ocasión de la vigésima Conferencia Climática de las Naciones Unidas en el vecino país del Perú, hay un profundo silencio desde el gobierno y los activistas climáticos se han visto reducidos a grupos pequeños con dificultades de convocatoria hacia la sociedad en general. Entretanto, los impactos del cambio climático en el país son cada vez más sentidos.

El chaqueo indiscriminado y la tala de grandes extensiones de bosque no solamente causan grandes destrucciones ambientales en las tierras bajas de Bolivia, sino contribuyen de manera considerable a que el país tenga emisiones de CO₂ per cápita tan altas como los países industrializados del Norte.

Para apoyar a las autoridades bolivianas en la disminución del uso del fuego y, sobre todo, para promover alternativas al uso del fuego en las prácticas agrícolas y pecuarias, desde finales del año pasado opera en el país el Programa “Amazonía sin Fuego” (PASF) financiado por los gobiernos de Italia, Brasil, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ejecutado por la Unidad de Coordinación de la Madre Tierra (UMATI), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

 Folleto y brigadas formadas por el Programa PASF para el control de quemas

Entre febrero y mayo de este año Anna Kaijser, investigadora de la Universidad de Lund - Suecia, ha estado en Bolivia para recoger testimonios, realizar entrevistas y recopilar información empírica sobre el discurso del cambio climático en el país.

Presentamos aquí partes de una entrevista con la mencionada investigadora, realizada en la ciudad de La Paz a finales de marzo, sobre su proyecto de investigación y sus apreciaciones sobre la actualidad boliviana referente al cambio climático y temas ecológicos en general.

Izq.: Anna Kajzer en La Paz. Dcha: Universidad de Lund, Suecia.

Con ocasión de la celebración del aniversario de la reunificación de Alemania, el pasado 3 de octubre de 2011, el embajador alemán, Señor Phillip Schauer, invitó a una fiesta de conmemoración a los jardines de la residencia. Al igual que el año pasado, se organizó una pequeña feria de exposiciones de proyectos financiados con fondos alemanes, que este año tuvo como tema el cambio climático.